Falange llevará al Gobierno a los tribunales por prohibir el homenaje a Primo de Rivera en Alicante

Falange y Gobierno de España se verán las caras en los tribunales. En concreto, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde la citada organización presentará en las próximas horas un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la subdelegada del Gobierno en Alicante Araceli Poblador de prohibir el homenaje previsto por esta organización a su fundador el próximo día 26 de noviembre en esa ciudad. Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante por rebelión militar contra la Segunda República, 4 meses después del inicio de la Guerra Civil española.

Fuentes jurídicas próximas a la propia Falange han confirmado a OKDIARIO la presentación de este recurso. Entienden que la resolución gubernativa, que tiene fecha de ayer, no se emitió en las 72 horas posteriores a la entrada en la Subdelegación del Gobierno de la solicitud efectuada por la citada organización. Y plantean, además, una supuesta vulneración de la ley que regula el derecho de concentración y manifestación.

Según reza en el documento de Subdelegación del Gobierno en Alicante, firmado por la propia subdelegada Araceli Poblador, la representante del Gobierno de Pedro Sánchez en esta provincia decidió «prohibir la manifestación» por «estimar que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas y bienes». La decisión pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, cabe recurso recurso contencioso-administrativo ante la Sala del TSJCV en el plazo de 48 horas. Y, eso, es precisamente, lo que va hacer Falange.

La Subdelegación solicitó el pasado día 9 de noviembre 2 informes. Uno, al Ayuntamiento de Alicante. Y otro, a la Comisaría Provincial. Este último se recibió en la citada Subdelegación el pasado 10. Y según el escrito de esa Subdelegación, ese informe sostiene que se han detectado «una serie de disfunciones que pudieran generar en un momento dado algún problema de orden público o en su caso, facilitar la alteración de la Seguridad Ciudadana en la zona donde transcurre el evento».

Sin embargo las fuentes jurídicas citadas entienden que, como se ha dicho, en la decisión de la Subdelegación existe una supuesta vulneración de la ley que regula el derecho de concentración y manifestación y que llegados a ese punto es el TSJCV el que debe decidir al respecto.

José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936, apenas 4 meses después del inicio de la Guerra Civil tras haber sido condenado por rebelión militar contra la Segunda República. El pasado 10 de octubre, OKDIARIO publicó que los Primo de Rivera habían solicitado al prior del Valle de los Caídos y a la Comunidad de Madrid la exhumación de sus restos, precisamente, para evitar una «exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles». De ese modo, se adelantó al Gobierno, que pensaba agitar esa exhumación como propaganda ante el inminente ciclo electoral.